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WILLY SANCHEZ
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Señores miembros del Congreso Nacional:
Pueblo Dominicano:
Porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Ningún poder es legÃtimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo mandato público. El 3 de mayo de 1965, el Congreso Nacional me honró eligiéndome Presidente Constitucional de la República Dominicana. Solamente asà podÃa aceptar tan alto cargo, porque siempre he creÃdo que el derecho a gobernar no puede emanar de nadie más que no sea del pueblo mismo.
Bien legÃtimo era ese derecho, forjado por nuestras grandes mayorÃas nacionales en las elecciones más puras de toda nuestra historia, y depositado en mis manos en momentos en que el pueblo dominicano se batÃa, a sangre y fuego, para reconquistar sus instituciones democráticas. Estas
instituciones, surgidas de la consulta electoral del 20 de diciembre de 1962, fueron devoradas por la infamia y la ambición de una minorÃa que siempre ha despreciado la voluntad popular.
Los dominicanos se batÃan a sangre y fuego, porque esa minorÃa le arrebató sus libertades el 25 de septiembre de 1963. Esa minorÃa es la misma que siempre ha robado, encarcelado, deportado y asesinado a nuestro pueblo. Y esa minorÃa, representada por el Triunvirato que presidió Donald Reid, se llegó a creer que este paÃs le pertenecÃa y que sus habitantes eran sus esclavos.
Todos esos vicios y errores significaban mayores dolores y miseria para el pueblo. La vida se hacÃa insoportable. Ni una sola esperanza cabÃa en el alma de los dominicanos mientras se mantuvieran gobernando los usurpadores del poder. Para que renaciera esa esperanza se hacÃa necesario volver al gobierno libremente electo, es decir, a la democracia de la Constitución de 1963. Todo indicaba que la minorÃa gobernante, que pensaba y actuaba como propietaria de la
nación, permanecerÃa en el poder aún en contra de los más vivos reclamos populares, orientados hacia el rescate del régimen democrático.
La rebelión armada contra la ilegitimidad de su mando se convirtió entonces en una imperiosa necesidad social. Fruto de esa necesidad, y de la determinación de los dominicanos a ser libres, sin importarles la cuantÃa del precio, estalla el glorioso movimiento 24 de abril.
Ese Movimiento, inspirado en el más noble espÃritu democrático, no era un cuartelazo más. Razón tenÃa el profesor Juan Bosch cuando dijo, desde su obligado exilio en Puerto Rico, que los dominicanos estábamos librando una revolución social. Asà era porque los sectores democráticos del pueblo, tras mucho sufrimiento y mayores frustraciones, habÃan tomado profunda conciencia de su papel histórico y, hermanados con los militares que respetamos el juramento de defender la majestad de las leyes, se lanzaron a la calle en busca de su libertad perdida.
Heroicamente, con más fe que armas, y con enorme caudal de dignidad, el pueblo dominicano abrÃa de par en par las puertas de la Historia para construir su futuro. Hondas, muy profundas eran las raÃces de esa lucha. Desde la Independencia, desde la Restauración, caminaba el pueblo
muriendo y venciendo tras su derecho a ser libre. El 24 de abril era un paso gigantesco hacia la construcción de ese derecho y hacia la democracia que lo consagra plenamente.
Los enemigos del pueblo, aquellos que por encima de los intereses de la Patria colocan sus propios intereses en un vano empeño por mantenerse en el poder, hacÃan correr, como rÃos,
a sangre generosa. Pero sobre nuestros muertos, nos levantamos siempre con mayor fuerza. La Revolución zaba triunfante. América entera miraba con admiración hacia esta tierra, esperando ansiosa nuestro triunfo, porque en él veÃa una victoria de la democracia sobre las minorÃas
opresoras que azotan, como plagas, todo el Continente ricano.
Desgraciadamente, el 28 de abril, cuatro dÃas después de iniciada la Revolución, cuando la libertad renacÃa vencedora, cuando todo un pueblo se volcaba fervorosamente hacia el
encuentro con la democracia, el Gobierno de los Estados Unidos de América, violando la soberanÃa de nuestro Estado Independiente, y burlando los principios fundamentales que
sostienen la convivencia internacional, invadió y ocupó militarmente nuestro suelo.
Qué derecho podÃan invocar los gobernantes norteamericanos para atropellar asà la libertad de un pueblo soberano? ¡Ninguno! Se hacÃan culpables de un gravÃsimo delito, que atentaba contra nuestra nación. Contra América y contra el resto del mundo. El principio de No Intervención,
base fundamental de las relaciones entre los pueblos civilizados, fue tan brutalmente desconocido que aún se escucha por toda la vastedad del planeta el eco de la más dura repulsa contra los invasores.
En este continente de hermanos, al lado del clamor de los Gobiernos de Chile, Uruguay, México, Perú y Ecuador, que encauzaron su actuación internacional haciendo honor al sentimiento de fraternidad continental de sus respectivos pueblos, se escucha asà mismo, en defensa de la No
Intervención y de la soberanÃa de nuestro paÃs, la vibrante y solidaria protesta de millones de latinoamericanos indignados.
La humillación que el gobierno de los Estados Unidos de América del Norte hacÃa sufrir a la República Dominicana, militarmente invadida, significa también una dolorosa humillación para toda América. ¿Qué normas, qué principios pueden servir a las naciones americanas para hacer valer su ación y su derecho a la independencia, cuando los gobernantes norteamericanos decidan, con vanas excusas y apoyados en la fuerza de sus cañones, imponerles su destino polÃtico? ¿A dónde ir a reclamar para que reconozca el derecho de un pueblo a ser independiente y dueño de su propia vida? ¿Qué organismos, qué instituciones serán capaces de defender esos derechos y de alentar a los pueblos a ejercerlos, sin temor a la intrusión de los que se han erigido en árbitros de la determinación ajena?
Para desgracia de la República Dominicana y para desgracia de América, la Organización de Estados Americanos, en vez de asumir la defensa de nuestra soberanÃa, en vez de sancionar severamente la intervención militar para hacer de este modo honor a los principios que dice sustentar, no sólo se colocó de espaldas a su propia Carta Constitutiva, sino que también empujó, aún más, el puñal que hoy se clava en el corazón de nuestra patria.
Cuatro dÃas después de la intervención militar norteamericana, la Organización de Estados Americanos decidió que se hiciera «todo lo posible para procurar el restablecimiento de la paz y la normalidad en la República Dominicana». En el texto de la Resolución que expresa lo citado nada se decÃa acerca de la violación de nuestra soberanÃa. ¡Nada! Ni una sola palabra hace referencia al monstruoso crimen del 28 de abril de 1965, que por largo tiempo conmoverá a los frágiles cimientos del orden jurÃdico interamericano. Todo lo contrario. La Organización de Estados Americanos se empeñaba entonces, ignorando y torciendo los principios, en justificar y validar la intervención militar norteamericana. Y asà creyó hacerlo creando la Fuerza Interamericana. La Resolución que consagra esa funesta medida, registrada como Documento Rec.2 de la Décima Reunión de Consulta de Ministros Americanos, revela muy a las claras la actitud del organismo regional a ese respecto. En efecto, en ella se lee lo siguiente: «Que la integración de una Fuerza Interamericana significará, ipso facto, la transformación de las fuerzas presentes en territorio dominicano en otra fuerza que no será de un Estado sino de un organismo inter-estatal...»
¡Transformación! He ahà la palabra que delata la convivencia de la Organización de Estados Americanos con los invasores. Se transformaban los «marines» en Fuerza Interamericana.
Aquello fue la institucionalización del delito polÃtico como norma de las relaciones internacionales de nuestro continente.
La intervención norteamericana vino, pues, a detener el triunfo de la democracia dominicana y a apuntalar a la minorÃa que le niega y le disputa sus derechos a nuestros pueblos. Tras el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, obra de los funcionarios de la intervención extranjera, se echó al desprecio al pueblo, se fortaleció la corrupción, y el crimen se extendió por todo el paÃs.
A pesar de la frustración momentánea que en esos trágicos dÃas sufriera la Revolución, el Gobierno Constitucional decidió defender sus derechos. Naturalmente, ante la violencia y la
fuerza del poderÃo norteamericano, representado por más de 40 000 soldados, ya no era posible el triunfo armado del movimiento democrático dominicano. Tuvimos que negociar con los invasores a fin de conservar parte del tesoro de democracia que habÃamos comenzado a crear.
En la mes de negociaciones defendimos siempre los principios. Si abandonamos algunas de las conquistas por las que el pueblo dominicano se lanzó a la lucha, no se debió a que los negociadores de la Organización de Estados Americanos trajeran proposiciones de un mayor contenido democrático que el perseguido en nuestros objetivos iniciales. Cedimos solamente ante la realidad que nos imponÃa la intervención americana. El corredor que las tropas extranjeras establecieron, arbitraria e injustificadamente, dividiendo la ciudad en dos, no tuvo otra razón que la de evitar que nuestra lucha se extendiera, desde esta gloriosa ciudad, hacia todo el resto del paÃs.
Las ansias democráticas habÃan hecho vibrar la República entera. La causa que con las armas en las manos defendÃa el pueblo de Santo Domingo era la causa nacional. Esta ciudad cuatro veces centenaria fue la vanguardia, y desde ella nos lanzamos, triunfantes contra los opresores criollos. Se vislumbraba ya la victoria de las armas democráticas, y cuando estábamos a punto de lograrla plenamente, Estados Unidos de América se interpone, invadiéndonos para salvaguardar los peores intereses y las más ruines ambiciones.
Fue entonces cuando tuvimos que ceder en algunos de nuestros objetivos, porque no podÃamos vencer con las armas. Pero a pesar de toda la fuerza y de toda la violencia del poderÃo militar norteamericano, no cedimos por temor o por miedo a ser vencidos. Testigo es el mundo de la lucha que libramos, del coraje y la valentÃa de ese pueblo en el terreno del honor y en el campo de batalla.
Oportuno es que me detenga aquà para rendir homenaje a los héroes que entregaron sus vidas luchando por la democracia y la soberanÃa nacionales. Ese Combatiente Desconocido, que reposa en esta Plaza de la Constitución, es el sÃmbolo del sacrificio y del amor de los dominicanos por su libertad. Como él, murieron miles. De ese semillero de héroes crecerá vigoroso el futuro de la patria. Porque héroes son los que dieron la vida tratando de evitar que se creara el corredor internacional que detuvo nuestra marcha victoriosa. Porque héroes son los que, con piedras en las manos, detuvieron los tanques de acero en el Puente Duarte. Héroes son los que defendieron hasta el último aliento la Zona Norte de la ciudad; héroes son los que recibieron, impávidos, los ataques aéreos al Palacio Nacional;héroes los que durante los dÃas 15 y 16 de junio recibieron valientemente la metralla extranjera; héroes los del 29 de agosto; héroes también los que han muerto en todos nuestros frenes, en campos y ciudades defendiendo la integridad nacional.
Nunca tal vez en la vida de los dominicanos se habÃa luchado con tanta tenacidad contra un enemigo tan superior en número y en armas. Luchamos, sÃ, con bravura de leyenda, porque Ãbamos desbrozando con la razón el camino de la Historia.
No pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. La verdad auspiciada por nuestra causa fue la mayor fuerza y el mayor aliento para resistir. ¡Y resistimos! Ese es nuestro triunfo porque sin la tenaz resistencia que opusimos, hoy no pudiéramos ufanarnos de los objetivos logrados.
Nosotros cedimos, es cierto, pero ellos, los invasores que vinieron a impedir nuestra revolución, a destruir nuestra causa tuvieron que ceder también ante el espÃritu revolucionario de nuestro pueblo.
Ahà están, hablando por sà solas, las conquistas alcanzadas y que constan, engrandecidas por la sangre de los caÃdos, en el Acta Institucional y en el Acta de Reconciliación Dominicana.
Se nos han reconocido múltiples derechos económicos y sociales. Hemos logrado la fijación de elecciones libres a breve plazo. Hemos conquistado las libertades públicas, el respeto a los derechos humanos; el regreso de los exiliados polÃticos, el derecho de todo dominicano a vivir en su patria sin temor a ser deportado. Pero, por encima de todo, hemos logrado una conquista inapreciable, de fecundas proyecciones futuras: ¡La conciencia democrática! Conciencia contra el golpismo, contra la corrupción administrativa, contra el nepotismo, contra la explotación y contra el intervencionismo. Hemos conquistado conciencia de nuestro propio destino histórico. En suma, conciencia del pueblo en su fuerza, que si el 24 de Abril le sirvió para derrotar a las oligarquÃas civil y militar, hoy, nutrida por esa maravillosa experiencia y esta lucha asombrosa le permitirá forjar, en la paz o en la guerra, su libertad y su independencia. ¡Despertó el pueblo porque despertó su conciencia!
Esos son los logros de esta revolución. No solamente nuestros,sino también de América. Los principios que aquà han sido defendidos son los mismos que hoy conmueven a todas sus naciones. Cuando los pueblos situados al sur del RÃo Bravo expresaban su solidaridad con nuestra lucha, junto al estÃmulo fraternal iban también, profundamente unidas, sus más caras e Ãntimas aspiraciones. Desde México hasta Argentina la democracia es el sueño de millones de hombres que quieren convertir en realidad. Sueño de paz creadora, de paz y libertad decorosa. Pero ese bello sueño es turbado, hasta convertirse en pesadilla, por la codicia y la explotación de minorÃas ajenas al noble ideal de la convivencia humana.
Si algún mérito me cabe por haber participado preeminentemente en esta revolución democrática, gracias al honroso mandato presidencial que me otorgara el Honorable Congreso Nacional, no es otro que el de haber comprendido esa dolorosa realidad de nuestro pueblo, y haber luchado ardientemente por tratar de transformarla en un porvenir cargado de esperanzas.
Creo firmemente que el pueblo dominicano terminará por lograr su felicidad, y el 24 de Abril será siempre un sÃmbolo estimulante hacia la consecución definitiva de ella. Es nuestra obligación, como defensores de la democracia, abonar la siembra generosa que comenzó en esa fecha inmortal. Pero abonarla con entusiasmo creciente, con todo el espÃritu, sin vacilaciones, sin descanso. El mejor modo de hacerlo está en la unidad de todos nosotros, en la vigilancia de todos nosotros, dispuestos mañana, como lo hemos estado hoy, a correr todos los riesgos en defensa de la democracia dominicana y del honor nacional.
Ante el pueblo dominicano, ante sus dignos representantes que aquà encarnan el Honorable Congreso Nacional, renuncio como Presidente Constitucional de la República. Dios quiera y el pueblo pueda lograrlo, que esta sea la última vez en nuestra historia que un Gobierno legÃtimo tenga que abandonar el poder bajo la presión de fuerzas nacionales o extranjeras. Yo tengo fe en que asà será.
Finalmente, invito al pueblo aquà reunido a hacer el siguiente
juramento:
En nombre de los ideales de los Trinitarios y restauradores que forjaron la República Dominicana.
Inspirados en el sacrificio generoso de nuestros hermanos civiles y militares caÃdos en la lucha constitucionalista.
Interpretando los sentimientos del pueblo dominicano.
Juramos luchar por la retirada de las tropas extranjeras que se encuentran en el territorio de nuestro paÃs.
Juramos luchar por la vigencia de las libertades democráticas y los derechos humanos y no permitir intento alguno para restablecer la tiranÃa.
Juramos luchar por la unión de todos los sectores patrióticos para hacer a nuestra nación plenamente libre, plenamente soberana, plenamente democrática.
Caamaño, Hugo RÃus Blein y Ricardo Sáenz Padrón, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984.
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“Los norteamericanos han visto a Guantánamo, ¡jamás renunciarán a poseerla!â€�, le dijo el patriota cubano, Manuel Sanguily, a su amigo Enrique Trujillo, cuando a mediados de 1898 leyó en un periódico de Nueva York acerca del desembarco de una escuadra de marines yanquis en la bahÃa guantanamera, al iniciarse la guerra Hispano-cubano-americana.
Tan diáfana expresión encerraba toda la lógica posible, pues para una nación con ansias expansionistas como los Estados Unidos, resultaba vital, posesionarse de aquella rada suroriental. Perfecta bahÃa de bolsa –una de las más grandes de ese tipo en el mundo-, la de Guantánamo tiene una longitud de 5,2 kilómetros, profundo calado, 20 cayos interiores, diversos muelles y capacidad para albergar de una vez a más de cuatro decenas de buques.
Está situada muy cerca del Paso de los Vientos –obligada ruta marÃtima entre el norte y sur de América-, en el centro mismo del Caribe, punto primordial para el control del Istmo de Panamá, donde desde finales de siglo se proyectaba construir el canal interoceánico, cuyos derechos alegaban los estadounidenses y que obtuvieron finalmente al comienzo de la pasada centuria.
EN VIOLACION DE LA LEY INTERNACIONAL
Con 117,6 kilómetros cuadrados de extensión –casi la tercera parte del municipio de Caimanera, en cuya demarcación se haya la base naval estadounidense en Guantánamo- el enclave resultó de la imposición a inicios de 1900 de un tratado permanente derivado de una enmienda a la Constitución cubana de principios de siglo pasado.
La mencionada cláusula, conocida como Enmienda Platt, fue aprobada por una Convención Constituyente sin facultades jurÃdicas para ello, ni rango de gobierno para fijar ningún tipo de relación con gobierno foráneo, y menos en detrimento de la soberanÃa nacional. Tal fue una de las primeras violaciones cometidas en materia de Derecho, precedida de otra consistente en el uso de posesiones por las tropas intervencionistas estadounidenses, las cuales amenazaron con permanecer indefinidamente y frustrar los sueños de independencia por los que lucharon los cubanos durante casi tres decenios, si no aceptaban el apéndice a la ley fundamental de la Antilla Mayor.
Al respecto, la Convención Internacional sobre Derecho de tratados, celebrada en 1969 en Viena, Austria, en el artÃculo 52 declara nulo todo tratado cuyo consentimiento se alcance con amenaza o uso de la fuerza, como ocurrió en este caso.
Por otra parte, el arrendamiento de tierras y aguas cubanas al gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de la base naval en Guantánamo -según el Tratado Permanente de 1903 y el de Relaciones de 1934, sustituto del primero-, se realizó “por el tiempo que necesitaranâ€� los norteamericanos. Al no fijarse fecha de devolución, y quedar a perpetuidad si asà lo desearan los norteños, se viola lo establecido legalmente para este tipo de convenio, pues resulta un absurdo jurÃdico que el propietario de algo (en este caso Cuba) esté imposibilitado de recuperar en momento determinado el territorio cedido.
Por tanto no existe tal “arrendamientoâ€�, y de hecho se establece una real compra de un pedazo de Cuba, por medio de un pago vitalicio, una especie de alquiler obligado y para siempre. El Gobierno Revolucionario se niega a recibir desde 1959 pago alguno por la ocupación de la base, porque hacerlo serÃa reconocer la legalidad del enclave.
Según lo suscribe el obsoleto Tratado de Relaciones de 1934 entre Cuba y los Estados Unidos, el gobierno isleño no puede ejercer soberanÃa sobre esa porción del territorio nacional donde se localiza la mencionada instalación militar.
Si prescindiéramos de todos los elementos anteriormente expuestos, bastarÃa uno para demostrar la ilegalidad de la existencia de la Base Naval norteamericana en la bahÃa de Guantánamo. Se trata de lo expresado en el capÃtulo primero, artÃculo 11, de la actual Constitución cubana: “La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanÃa e integridad territorialâ€�.
Asà indica la Carta Magna de la Isla aprobada en 1976 a través de referendo popular y voto libre por más del 98 por ciento de los votantes, que eran casi la totalidad de quienes tenÃan derecho a ejercer el sufragio.
OTROS ASPECTOS DEMOSTRATIVOS DE LA ILEGALIDAD
Varios de los aspectos recogidos en el propio Tratado de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 1934, que según Estados Unidos ampara la existencia de la base naval no conservan validez. El documento señala que anima su firma “el deseo de fortalecer los lazos de amistad�, con el pueblo de Cuba.
De esa “amistad�:
Utilización del enclave militar en el abastecimiento de combustible a los aviones batistianos que bombardeaban a la indefensa población civil de las montañas orientales de 1958.
Utilización del enclave militar como fuente de tensión, amenazas y provocaciones contra Cuba, inmediatamente después del triunfo revolucionario; incluso allà se planearon posibles acciones contra la vida de dirigentes de la Revolución.
Utilización del enclave militar para desde allà disparar contra las postas cubanas, ocasionando la muerte a varios centinelas.
Añádase que el artÃculo 62 de la Convención Internacional sobre Derechos de Tratados, subraya en una de sus cláusulas: “Un cambio fundamental en las circunstancias que hayan ocurrido con posterioridad a las existentes al momento de concertar el contrato, lo hace anulableâ€�.
¿Quién se atreverÃa a negar que las circunstancia en las cuales se estableció el Tratado de Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos –y los textos “legalesâ€� anteriores de corte similar- son radicalmente distintos a las actuales?
El Gobierno de Cuba ha manifestado en reiteradas oportunidades que no renuncia a la soberanÃa sobre ese pedazo usurpado del territorio nacional, y está dispuesto a solucionar este problema por la vÃa diplomática, a la luz de las leyes internacionales vigentes.
CIFRAS Y HECHOS SOBRE LA BASE
Ocupa una superficie de 117.6 kilómetros cuadrados. De éstos son de tierra firme
49, de agua 38.8, y de terreno pantanoso 29.4.
A todo lo largo del perÃmetro de la base se tiende una cerca de 28 kilómetros de
longitud. Hay dos aeropuertos: McCalla y Leward Point.
Cuenta con una planta desalinizadora de agua, capaz de procesar más de un millón
de galones diariamente.
Cuba no ha hecho efectivo en las últimas tres décadas, ni uno de los cheques que Estados Unidos ha colocado en una cuenta en un Banco de Suiza, como pago por el “arrendamiento� de la base. Se trata de un poco más de cuatro mil dólares anuales, es decir, menos de 30 dólares por cada kilómetro cuadrado. Para Cuba esa cifra no es lo que determina su actitud, sino el rechazo a la imposición e ilegalidad de esa base.
Por Reinaldo Santana López
